Asamblea Nacional: Pocos avances en la lucha contra las ilegalidades urbanísticas

Asamblea Nacional: Pocos avances en la lucha contra las ilegalidades urbanísticas
21 Diciembre 2017
La Habana

Solo cinco provincias cubanas cumplieron el 50% de los planes para la erradicación de las ilegalidades, indicó este martes el General de División y presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas, durante la sesiones de trabajo del X Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional en su Octava Legislatura.

“Continúan siendo débiles la planificación anual, la disponibilidad de recursos materiales y financieros, la organización en las acciones y la cooperación entre gobiernos, frente a las ilegalidades”, destacó Rodiles Planas.

Según explicó el dirigente, el año comenzó con unas 127 mil ilegalidades. La provincia de La Habana encabeza la lista con mayor cantidad de casos con más de 40 mil, mientras que Santiago de Cuba, Granma, Artemisa y Matanzas, superan las 10 mil violaciones.

Más adelante, dijo que las nuevas ilegalidades detectadas solo fueron eliminadas por los territorios de la Isla de la Juventud y Ciego de Ávila, y pasaron del primer a segundo semestre sin la atención requerida, mil 180, de las cuales 242 son infracciones estatales.

Sobre los barrios y focos precarios, el General de División advirtió que, de las 107 mil personas naturales, unas 52 mil 800 viven ilegales desde más de 20 años. Sin embargo, 54 mil 400 personas naturales que no están incluidas en estas zonas, permanecen ilegales sin que se le de tratamiento por parte de los gobiernos del país.

Entre las Ilegalidades más representativas, acotó Samuel Rodiles, la violación de las regulaciones urbanísticas y de proyectos, la ampliación y reposición de viviendas y el cambio estructural de locales y construcción de inmuebles sin la documentación establecida, entre otros, sobresalieron en estos dos periodos de sesiones.

“La falta exigencia, control y seguimiento por el grupo de enfrentamiento de los gobiernos municipales para la ejecución de acciones sobre las obligaciones de hacer impuestas; insuficiente intención y control en los consejos populares y el déficit de medios de transporte en las direcciones municipales de planificación física”, entre otros muchos problemas que dependían de la gestión de los gobiernos provinciales, fueron algunas de las principales causas del alto índice de ilegalidades que quedaron pendientes a fines de 2017, concluyó Rodiles Planas.

 

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